UN NUEVO RETO PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
Por primera vez, un gobierno afronta el reto de la atención a las personas que no pueden realizar por sí mismas los actos más básicos de la vida diaria.
El Consejo de Europa define la Dependencia como “ un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal”En estos momentos, los servicios que dan respuesta a las necesidades de los dependientes son claramente insuficientes y, además, se ofrecen de manera desigual entre quienes viven en áreas urbanas y zonas rurales.
Es precisamente la gran clase media española, la que soporta el peso de la atención de las personas dependientes, bien porque no pueden acceder a los escasos servicios públicos o porque no se pueden permitir el pago de estos cuidados.El 83% de las personas que cuidan a personas dependientes son mujeres, casadas en tres de cada cuatro casos y que, también, tres de cada cuatro no desarrollan actividad laboral alguna. Además, cuentan con una media de edad de 52 años. Este modelo de apoyo informal es insostenible a medio plazo, tanto por la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo como por los nuevos modelos de familia
a nueva ley pondrá en marcha el Sistema Nacional de la Dependencia, que constituirá el cuarto pilar del Estado del Bienestar. La atención a las personas dependientes dejará de ser algo privativo de las familias para pasar a ser un derecho de prestación por parte del Estado.Será nuevamente un gobierno socialista el que creará en nuestro país un nuevo derecho universal, como ya ocurrió en el pasado con el derecho a la educación en 1985, a la sanidad en 1986 o el de las pensiones en 1990.
El Sistema Nacional estará conformado por un conjunto de prestaciones y servicios básicos que se caracterizarán por su carácter público; la universalidad y el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad; la atención integrada e integral de la situación de dependencia; la promoción de la autonomía personal; la permanencia en el entorno vital; y la calidad de los servicios.La ley contempla de manera exhaustiva los servicios que serán garantizados: campañas para la prevención de enfermedades que puedan dar origen a situaciones de dependencia, tele-asistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros de día, centros de noche y centros residenciales.
Serán las Comunidades Autónomas las que tendrán que valorar la situación de dependencia: moderada, severa y gran dependencia, según los casos. Sin embargo, los criterios para la realización de dicha evaluación serán idénticos en todo el territorio del Estado.Los beneficiarios participarán en la financiación de las prestaciones en función de su capacidad económica y el tipo y coste del servicio.
Completar el Estado del Bienestar y acercarnos a los niveles de cobertura de prestaciones de los países de nuestro entorno europeo supone no dejar a nadie fuera de la protección del Estado y no hacer recaer la provisión de cuidados principalmente en mujeres cuyo trabajo es invisible y no remunerado.Mejorar la protección social de la dependencia en España es una apuesta por el empleo y también es una política a favor de las familias.
La atención a las personas dependientes es un objetivo en el que debemos sentirnos implicados todos, porque no sólo es un compromiso político firme de este gobierno, sino que se presenta como una urgencia moral para construir una sociedad más digna.Mª del Mar Arnaiz García
Diputada del PSOE por Burgos
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